¿Sabías que la Norma Antielusiva General de Perú puede afectar gravemente a tu empresa? Desde su implementación, la SUNAT ha intensificado la fiscalización para identificar transacciones elusivas que buscan evitar el pago de impuestos. Descubre en este blog en qué consiste esta norma, cómo puede impactar a tu empresa y qué medidas debes tomar para protegerte de posibles sanciones.
Desde 2012, Perú cuenta con una Norma Antielusiva General (NAG) que, aunque inicialmente fue suspendida, ha comenzado a aplicarse con rigor desde 2021. Esta norma otorga a la SUNAT la capacidad de recalificar transacciones consideradas elusivas, permitiendo al fisco reconfigurar actos o contratos con el objetivo de evitar o reducir el pago de impuestos. A diferencia de la evasión tributaria, que conlleva sanciones penales, la elusión se enfrenta solo a sanciones administrativas, como el pago de impuestos adicionales, intereses y multas.
Para que la SUNAT aplique la NAG, deben cumplirse dos condiciones:
i) que el acto o los actos celebrados sean considerados artificiales o impropios para la finalidad de la empresa, y
ii) que el acto tenga como principal propósito generar una ventaja fiscal. Esto implica que la SUNAT puede considerar que la transacción realizada no se ajusta a lo que debería haber sido si no hubiera sido por el propósito de minimizar la carga fiscal.
Cuando una empresa es fiscalizada bajo la NAG, sus directores y representantes legales pueden enfrentar responsabilidad solidaria, salvo que demuestren que no actuaron con dolo, culpa o negligencia grave. La SUNAT ha identificado operaciones de alto riesgo fiscal, como transacciones que resultan en arbitrajes de tasas favorables, cambios de domicilio para aprovechar convenios fiscales, mudanzas a zonas con regímenes fiscales preferenciales, y transferencias de control disfrazadas de aportes y reducciones de capital. Ante el incremento de la fiscalización, es crucial que las empresas documenten adecuadamente las razones de negocio, económicas y financieras detrás de sus transacciones. Esto no solo protege a la empresa, sino que también ayuda a los directores y representantes legales a evitar posibles imputaciones de responsabilidad solidaria. Integrar un diagnóstico anual bajo la NAG y contar con un protocolo de debida diligencia son prácticas recomendables para mitigar riesgos y garantizar que las decisiones empresariales se manejen de acuerdo con las normativas vigentes.
